Siempre será dolorosa la muerte de un niño o una niña, más aún cuando no ha tenido la oportunidad de vivir su niñez en plenitud y con su partida llegamos a conocer todas las vulneraciones de derecho que vivió.
Hoy hemos encontrado como sociedad un buen “chivo expiatorio” en el SENAME, y si bien no digo que esta institución funcione bien, pregunto qué organización puede “tirar la primera piedra”. Partiendo por el Estado de Chile, que el año 1990 ratificó la Convención Internacional de los Derechos de Niños y Niñas obligándose a adecuar las leyes para su cumplimiento y después de 26 años aún la sociedad civil está luchando para que se promulgue una ley que garantice los derechos de niños y niñas. Sepa usted que el mayor impedimento a esto es la falta de voluntad para invertir recursos.
No obstante, si hubo recursos el año 2005 para promulgar la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente que entró en vigencia el año 2007 y que procesa judicialmente a jóvenes entre 14 y 18 años por infracciones de ley. ¿Qué nos dice esto? yo creo que es claro: como sociedad buscamos castigar antes que proteger, porque esos niños y niñas que no hemos sabido proteger son los que luego castigamos y encerramos.
¿Cuál es el problema de fondo en la vida de estos niños y niñas? La familia. La familia hoy en día está en crisis, provocando mayor daño en sectores de alto riesgo. La desintegración familiar por diversas causas (trabajo, infidelidad, violencia intrafamiliar, reclusión, consumo de drogas, etc.), impide la existencia de un ambiente adecuado para el desarrollo de niños, niñas y jóvenes. Podemos verlo en la mayoría de los hogares de jóvenes infractores, conformados por familias monoparentales, de jefatura femenina o de familias extensas, con abuelas cumpliendo el rol parental, donde la disfuncionalidad familiar se arrastra por generaciones.
Por lo general, en principio estos niños son ingresados a programas de protección derivados por los Tribunales de Familia. Sin embargo, pocas veces se logra trabajar con la colaboración de la familia pues ésta más bien descansa en lo que los profesionales puedan hacer. Cuando el joven ingresa al contexto de justicia penal, la familia por lo general se desentiende, refiriendo que el problema es de él y debe enfrentarlo solo, llegando incluso a exigir o quejarse que «no han hecho nada» por su hijo/a.
Esta actitud poco colaborativa es resentida por las y los jóvenes, que se muestran cada vez más rebeldes y ajenos a sus adultos responsables, sintiendo que sus únicos referentes válidos están en la calle, con quienes comienzan a identificarse cada vez más para resolver sus diversas necesidades.
En cualquiera de los casos por lo general los padres están ausentes tanto física como económicamente; las madres, sin soporte familiar, se ven en la obligación de dejar a sus niños y niñas o solos o a cargo de hermanos mayores para trabajar (en los mejores casos), mostrándose incapaces de mantener normas y límites adecuados y facilitando así la influencia externa. La falta de control precipita los incumplimientos en las responsabilidades escolares, y por ende, se fomenta la vida en calle.
Se suma la característica consumista de nuestra sociedad, donde prácticamente no existe vida familiar y comunitaria, que se privilegia el tener sobre el ser, que hace pensar a los adultos que lo más importante es darles cosas a sus hijos e hijas, dando poca o nada importancia a las relaciones afectivas y de convivencia.
Retomando el eslabón de la cadena nos volvemos a preguntar cuál es el problema de fondo: ¿la familia? Podríamos decir la sociedad, el Estado, políticas públicas equivocadas o insuficientes, y estaríamos en lo cierto. Sin embargo, eso sería desviar la responsabilidad, pues tanto uno como otro los conformamos todos y todas, chilenos y chilenas.
Si queremos que las cosas sean diferentes en la familia, en las instituciones y en el Estado, necesitamos cambiar cada uno. Se hace urgente una revisión de los valores y principios que tenemos y proyectamos ¿se corresponden con la sociedad que decimos defender?