A 26 años en que Chile ratificó la Convención Internacional de los Derechos de las niñas, los niños y jóvenes, han pasado más de dos décadas en que Infancia espera por una “Ley Universal de Protección Integral a los niños y niñas” que cumpla con los principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño y la niña, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que les afecten.
La carencia de una Ley Integral, hoy se manifiesta desde distintos ámbitos, muestra de aquello, lo encontramos en una publicación del medio digital “El Dinamo” señala: “Sename trabajadores denuncian falta de personal y turnos de más de 26 horas. Serían más de 83 sumarios en curso por posible maltrato de funcionarios contra menores y además, vía ley de Transparencia, se reportan 471 investigaciones administrativas”. Dado lo anterior, las situaciones al interior del Sename ¿se deberán únicamente a la insuficiencia de recursos económicos? O ¿a la deuda histórica de una Ley de Garantía Universal de los Derechos de los niños y niñas?
Desde otros ámbitos, reflexionamos ¿Qué sucede con las responsabilidades técnicas, administrativas y morales de quiénes dirigen el Sename junto a sus Direcciones Regionales? Esto último, considerando que éstos tienen el deber de “Contribuir a la promoción, protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados/as, así como a la responsabilización y reinserción social de los adolescentes infractores/as de ley, a través de programas ejecutados directamente o por organismos colaboradores del servicio”.
A pesar de los cuestionamientos y denuncias hoy siguen siendo los funcionarios y funcionarias del Sename las personas responsables de supervisar, analizar y evaluar los Centros de Administración Directa, además de las propuestas presentadas por los Organismos Colaboradores del Estado. Asumiendo, además extensas jornadas de trabajo, turnos de emergencias, evaluaciones técnicas de proyectos y entre aquello velar por la protección de los niños y niñas que día a día son derivados a estos programas. Por lo que no solo son los Centros de Administración Directa del Sename los que hoy se encuentran en crisis de funcionamiento, los Programas ambulatorios ejecutados por los Organismos Colaboradores del Estado no se encuentran ajenos de esta dura realidad.
¿Qué tendría que seguir sucediendo para aprobar una Ley de Garantía Universal de los Derechos de los niños y niñas?
Garantizar la no discriminación, el interés superior del niño y la niña, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que les afecten no solo es responsabilidad del Estado es de la sociedad en su conjunto. Si seguimos siendo espectadores de esta crisis nacional también nos hacemos cómplices.
Como ciudadanía, hemos observado día a día esta crisis a través de artículos, denuncias, reportajes en la televisión acerca de la vulneración de derechos de niños y niñas que se encuentran bajo la tutela del Sename que ingresan producto de Medidas de Protección de los Juzgados de Familia o Fiscalía.
Esto nos invita como sociedad civil a ejercer mayor empoderamiento y control social, asumiendo un rol más participe y comprendedor activando mecanismos fiscalizadores como las denuncias y utilizando los mecanismos de Participación Ciudadana que hoy contamos.
Como ciudadanía debemos seguir insistiendo e interpelar a nuestras autoridades parlamentarias, Seremi, Directores de Servicios, Comunidad, Juntas de Vecino/as, organizaciones sociales, funcionales, ONG y todo actor y actriz que se comprometa fiscalizando, colaborando, siendo participe e impulse finalmente la aprobación de una Ley de Garantía Universal de los Derechos de los niños y niñas. Por lo que se requiere de manera urgente que el Estado salde esa deuda histórica con todos/as los niños y niñas de nuestro país.