CORFAL, como parte de la Red de ONGs de Infancia y Juventud ROIJ Chile, suscribe y comparte declaración íntegra de Bloque por la Infancia (donde participamos activamente como ROIJ), expresando la profunda preocupación por las vulneraciones de Derechos Humanos a la niñez y adolescencia sucedidas en contexto de Pandemia.
DECLARACIÓN PÚBLICA
Chile, Santiago, 29 de abril 2020
1. Los niños, niñas y adolescentes de nuestro país están siendo impactados duramente por esta
pandemia, sin poder contar con un Sistema de Protección Integral y de Garantía de Derechos que
pueda atender sus necesidades y urgencias. Esta crisis pone al desnudo de manera brutal la
negligencia de nuestro Estado, al no haber sido capaz, en 30 años, de realizar lo que comprometió
con Naciones Unidas en agosto de 1990 al aprobar, por la unanimidad del Congreso, la Convención
Sobre los Derechos del Niño.
2. En la hora presente, la situación de la niñez y adolescencia aparece invisibilizada o sólo se percibe a
través de: la mirada sanitaria que los considera vectores de contagio; en casos de violencia
intrafamiliar, que aumentan; en una iniciativa indignante como el Convenio entre Sename y la
Agencia Nacional de Inteligencia; en los debatessobre si se vuelve a clases; en la improvisación frente
a lo vivido por niños y niñas en residencias y en programas ambulatorios. En todas estas situaciones,
las autoridades y los medios olvidan que cuando se habla de niñez se habla de personas, titulares
de derechos humanos que deben ser respetados y garantizados.
3.Por lo anterior y dado que esta situación se prolongará en el tiempo, agregándose las consecuencias
de una grave crisis económica, cuyos efectos en la niñez son aún difíciles de dimensionar, es que
consideramos nuestro deber, insistir en que es urgente avanzar ahora en la instalación de un Sistema
Nacional de Protección Integral y de Garantías de Derechos, en todas las Comunas del país,
aprendiendo de las mejores experiencias a nivel internacional. Por tanto, los recursos, hoy más
escasos que ayer, deben ser priorizados para materializar efectivamente dicho sistema.
4.. En el Congreso se pretende dar prioridad a un proyecto de Ley que divide al Sename en dos Servicios,
el presupuesto asignado son M$94.852.751, de ellos M$33.636.150 estarán destinados a ciertas
mejoras en residencias y programas. Sin embargo, M$61.216.601 se destinarán a nuevos cargos,
nueva infraestructura, nuevos sistemas informáticos, es decir, a ningún cambio de fondo en la
institucionalidad actual. Es pues nuestra convicción que esos M$61.216.601 debieran destinarse a lo
realmente urgente, vale decir, a una Ley de Protección Integral de Derechos de la Niñez que
establezca en todas las comunas las autoridades, estructuras y procedimientos de protección
administrativa requeridas. El sistema generado desde esa ley, en un plazo no mayor a 3 años, es lo
que permitirá cambios profundos en toda la relación del Estado con la niñez y adolescencia, con las
familias, con las comunidades y con las organizaciones de la sociedad civil, provocando a la vez, transformaciones reales en Sename. De hecho, una efectiva protección local evitaría la
institucionalización de miles de niños y niñas en protección especializada, cuestión de fondo, que
debiera discutirse seriamente cuando se trata del Sename.
5.Sabemos que este proceso transformador es resistido en el gobierno y en el mundo político, pero
nuestro compromiso con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y nuestro rol como
organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil, nos obliga a insistir sobre lo que consideramos
es la más importante reforma legal, política e institucional en materia de niñez y adolescencia en
muchas décadas. Está en manos de la ciudadanía y de sus representantes hacer realidad esta
reforma, transformando la crisis actual en una oportunidad que permita poner al centro los derechos
de todos y todas los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile.